MINATITLÁN.— El Gobierno de Veracruz anunció la aplicación de una estricta medida de desarme en contra de las policías municipales cuyos titulares y elementos operativos no hayan acreditado los exámenes de control y confianza exigidos por la ley. La resolución busca depurar de manera inmediata las corporaciones locales para evitar que porten armamento oficial aquellos elementos que carezcan de la certificación correspondiente.
El anuncio, realizado por el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, se produce tras la indignación social derivada del caso Ixhuatlán del Sureste, municipio en el sur del estado donde al menos cuatro policías municipales en activo fueron señalados por participar directamente en la privación de la libertad y posterior homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán.
Cero tolerancia y aplicación de la ley
Durante una gira de trabajo por Minatitlán, Ricardo Ahued sentenció que la administración estatal mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción o complicidad de servidores públicos con la delincuencia. Advirtió que ningún funcionario, sin importar su rango, estará por encima del marco legal.
“Aquí no se tolera ni a policías estatales, ni municipales, ni a nadie; aquí los responsables, traigan placa o no traigan placa, habremos de ejecutar hasta el último instante la ley”, afirmó de manera tajante el funcionario.
Municipios sin certificar operarán sin armas
El secretario confirmó que entre dos y cuatro ayuntamientos veracruzanos tienen pendientes los procesos de acreditación y validación de confianza de sus mandos de seguridad. Por razones de estrategia, el funcionario declinó revelar los nombres de dichos municipios, pero reiteró que las revisiones permanentes alcanzan a las 212 corporaciones de la entidad, e inclusive a las filas de la propia Policía Estatal.
Bajo este escenario, los ayuntamientos que no tengan sus plantillas regularizadas no recibirán armamento oficial. Asimismo, las autoridades informaron que diversas alcaldías ya han solicitado el auxilio formal del Estado para intervenir, reestructurar y ordenar administrativamente a sus cuerpos de seguridad local.
⇒ Con el propósito de no dejar desprotegida a la población de las demarcaciones afectadas por la falta de acreditación policial, la Secretaría de Gobierno instruyó un despliegue emergente de contención en territorio.
A partir de esta disposición, las tareas sustantivas de prevención del delito, patrullajes y rondines de protección ciudadana correrán a cargo de la Policía Estatal, en coordinación estrecha con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas del país, garantizando la seguridad en tanto concluye la depuración institucional.
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