XALAPA.— El Congreso de Veracruz recibió formalmente dos solicitudes de pedimento de declaración de procedencia —conocido comúnmente como desafuero— promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de dos servidores públicos. Pese a la relevancia política y jurídica del caso, las identidades de las personas señaladas, sus cargos y los delitos de los que se les acusa se mantienen bajo estricta reserva confidencial.
La Diputación Permanente dio entrada a la correspondencia enviada por la autoridad ministerial. En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, la Mesa Directiva turnó de forma inmediata ambos expedientes a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis legal.
🚨#Veracruz Silencio en el Congreso: FGE solicitó desafuero de 2 funcionarios, pero identidades siguen bajo reserva.
Esteban Bautista de la Jucopo local dijo que : “Por secrecía no hablaré… si hablamos empiezan con guerra sucia”.
Incluso la Mesa Directiva desconoce si hay… pic.twitter.com/hkFy4AegYX
— Michelle Rivera (@michelleriveraa) July 9, 2026
Reserva para evitar “guerra sucia”
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, confirmó la recepción de los documentos y explicó que el manejo confidencial responde a una solicitud directa de la Fiscalía estatal para salvaguardar la investigación y el debido proceso. Asimismo, precisó que se busca blindar el trámite legislativo del entorno político regional.
“Por temas de secrecía no hablaré, por muchas situaciones. Si hablamos, ni frío ni caliente, al ratito empiezan a hacer una guerra sucia (…) preferimos dejarlo así en la Comisión de Justicia y Gobernación, y ellos lo van a trabajar”, declaró el legislador.
Bautista Hernández aclaró que una solicitud de declaración de procedencia no prejuzga la culpabilidad de los señalados, sino que únicamente persigue el retiro de la inmunidad procesal para que las autoridades del Poder Judicial puedan actuar sin trabas constitucionales.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Gómez Santos, afirmó que incluso al interior del órgano legislativo se desconoce si alguna de las peticiones concierne a un presidente municipal. “La Fiscalía nos pide que se lleve con secrecía. No tenemos el dato, solo sabemos que es una solicitud. No sé si es un alcalde”, comentó, acotando que los nombres y puestos específicos saldrán a la luz una vez que la documentación pase a la Comisión Instructora.
Para que el desafuero sea aprobado, se requiere obligatoriamente el voto a favor de la mayoría calificada, equivalente a las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. Si el Pleno rechaza la solicitud, el asunto se archivará de manera definitiva; en caso contrario, el servidor público perderá su fuero únicamente para enfrentar el proceso penal en curso y su expediente será enviado directamente al Tribunal Superior de Justicia para dar inicio al juicio penal formal.
Te recomendamos:
Veracruz desarma a policías municipales sin exámenes de confianza
dsc