XALAPA.— El Congreso de Veracruz aprobó reformas al Código Penal estatal para sancionar la rapiña cometida después de accidentes carreteros y aumentar las penas cuando se utilicen sustancias tóxicas para causar daño o muerte a animales.
⇒ Durante la sesión legislativa se aprobaron dos modificaciones encaminadas a fortalecer las sanciones en ambos casos y establecer mayores consecuencias para quienes incurran en estas conductas.
Hasta cinco años de prisión por rapiña
Una de las reformas adiciona el artículo 208 Bis al Código Penal de Veracruz, con lo que se establece una pena de dos a cinco años de prisión, además de una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quien se apodere de mercancías, objetos o bienes con motivo de un accidente vehicular.
El dictamen señala que la medida busca evitar que personas aprovechen el desorden generado por un percance para sustraer productos de vehículos de transporte público o privado.
De acuerdo con los argumentos expuestos por los legisladores, este tipo de acciones no solamente incrementa las pérdidas económicas de transportistas y propietarios de las mercancías, sino que también puede representar un riesgo para los operadores y otras personas involucradas en el accidente.
Asimismo, se destacó que el saqueo puede obstaculizar las labores de rescate y dificultar las maniobras de los cuerpos de emergencia que atienden el percance.
Envenenamiento será agravante de maltrato animal
En una segunda votación, el Congreso de Veracruz aprobó, con 48 votos a favor, una modificación al artículo 264 del Código Penal para establecer el envenenamiento intencional como una agravante de los delitos de maltrato y crueldad animal.
La reforma contempla que, cuando se compruebe el uso deliberado de sustancias nocivas para causar daño a un animal, las sanciones correspondientes se incrementen en una mitad. La disposición contempla tanto a animales domésticos como a aquellos que se encuentran en situación de calle.
Durante la discusión, los legisladores hicieron referencia a casos de presunto envenenamiento de perros y gatos registrados en municipios como Minatitlán, Gutiérrez Zamora y Xalapa, los cuales fueron señalados como parte de las razones para fortalecer el marco jurídico estatal.
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