CIUDAD DE MÉXICO.—El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), revelando que 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil en el país, lo que representa el 12.6 por ciento de esta población.
Aunque la cifra muestra una ligera disminución respecto a los 3.7 millones reportados en 2022 tras la pandemia de covid-19, las autoridades advierten que el fenómeno se ha mantenido prácticamente estancado durante la última década, ubicándose por encima del nivel registrado en 2019 (11.4 por ciento).
El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 que proporciona información sobre la participación de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en actividades económicas no permitidas o que realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.
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— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 21, 2026
Radiografía de la ocupación no permitida
De acuerdo con el organismo, del total de menores afectados, 1.8 millones se encuentran en una ocupación no permitida (incluyendo trabajos por debajo de la edad mínima de 15 años y labores peligrosas), mientras que 1.9 millones realizan quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas.
El desglose de la población en ocupación no permitida expone las siguientes características:
• Sectores principales: Se concentran en el sector agropecuario (27.7 por ciento), servicios (27.3 por ciento) y comercio (24.5 por ciento).
• Condiciones laborales: El 56.9 por ciento realiza un trabajo subordinado y remunerado, el 35 por ciento labora sin remuneración y el 8 por ciento trabaja por cuenta propia.
• Ingresos: El 52.9 por ciento percibe hasta un salario mínimo, mientras que 36.2 por ciento no recibe ningún ingreso económico.
• Motivaciones: El 30.6 por ciento de los menores señaló que trabaja por gusto o para ayudar; el 22.4 por ciento para pagar la escuela o cubrir sus propios gastos; y un 9.8 por ciento debido a la necesidad económica del hogar.
Mayor incidencia en comunidades indígenas y deserción escolar
La encuesta destaca que el problema no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional ni en todos los sectores demográficos. Las tasas más altas de trabajo infantil se concentran en las entidades del sur del país, encabezadas por Guerrero (22.6 por ciento), Oaxaca (20.9 por ciento) y Chiapas (20.3 por ciento); en contraste con estados como Sinaloa y Baja California, que registran los índices más bajos.
Asimismo, la prevalencia se duplica o triplica en grupos vulnerables específicos:
• Población indígena: La tasa de trabajo infantil asciende al 25 por ciento en niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas.
• Deserción escolar: Entre quienes no asisten a la escuela, la tasa de ocupación no permitida alcanza un preocupante 49.1 por ciento, frente al 4.6 por ciento de quienes sí continúan estudiando.
Entre 2015 y 2025, según forma de trabajo, la tasa de ocupación no permitida disminuyó de 7.5% a 6.6%. En contraste, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas pasó de 5.7 % a 6.8 %.
Las entidades federativas que registraron las tasas de trabajo infantil más elevadas fueron:
▪️ 22.6% Guerrero
▪️ 20.9% Oaxaca
▪️ 20.3% ChiapasLas más bajas correspondieron a:
▪️ 5.4% Sinaloa
▪️ 5.8% Baja California
▪️ 7.0% Coahuila— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 21, 2026
El impacto de la crisis económica en los hogares
El Inegi señaló que el 83.3 por ciento de los hogares con menores en situación de trabajo infantil enfrentó al menos un problema grave o muy grave durante los tres años previos a la encuesta.
Entre las principales dificultades reportadas destacan el alza generalizada en los precios de los productos alimenticios (afectando al 48.4 por ciento de estos hogares), la enfermedad grave o accidente de un integrante de la familia (15.7 por ciento) y la pérdida de ingresos por trabajo remunerado (13.9 por ciento).
Con estos datos, el Inegi enfatiza la necesidad de utilizar la información de la ENTI para rediseñar políticas públicas enfocadas en proteger los derechos de la infancia, garantizar su permanencia en el sistema educativo y erradicar las formas de explotación laboral más peligrosas.
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