OAXACA DE JUÁREZ.— La labor de cuidados no remunerada en México continúa siendo una de las barreras estructurales más determinantes para el desarrollo y la autonomía económica de las mujeres. La falta de redes de apoyo formal y la disparidad en la distribución del trabajo doméstico perpetúan una “trampa de pobreza” de la cual es sumamente complejo salir sin intervención pública.
Durante la presentación del informe “Movilidad social y cuidados: un vínculo inseparable”, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Rogelia González Luis, subrayó que asumir estas labores en solitario detiene drásticamente las oportunidades de progreso socioeconómico de la población femenina.
La cifra detrás de la desigualdad
El diagnóstico del CEEY arroja cifras contundentes sobre la brecha de género en el país:
• El 76% del trabajo de cuidados recae directamente en las mujeres.
• El 73% de las cuidadoras nacidas en hogares de bajos ingresos permanece en esa misma condición a lo largo de su vida.
• En contraste, para quienes no tienen esta carga exclusiva, la permanencia en pobreza se reduce al 64%.
“Hablar de cuidados no es un asunto privado; es una dimensión central de la economía y de la justicia social. Construir un país donde cuidar no signifique renunciar al futuro de las mujeres es una tarea colectiva e impostergable”, sostuvo González Luis.
El estudio evidencia que el acceso a servicios públicos transforma de manera directa la calidad de vida de los hogares. En aquellas comunidades que disponen de guarderías, estancias infantiles y centros comunitarios, la tasa de permanencia en la pobreza disminuye de un 79% a un 59%, lo que demuestra el impacto positivo de contar con infraestructura institucional.
Frente a este panorama, el Gobierno de Oaxaca respaldó las conclusiones del CEEY y reiteró el compromiso de impulsar una cultura de corresponsabilidad en la que el Estado, los hombres y la sociedad asuman un rol activo, promoviendo políticas públicas integrales que protejan el derecho al cuidado y la equidad social.
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