XALAPA.— El ingenio azucarero San Pedro no cerrará sus puertas de manera definitiva. Tras semanas de intensas negociaciones y protestas laborales, la empresa Grupo Porres acordó devolver las instalaciones a la Federación al declararse imposibilitada financieramente para continuar con la molienda, lo que abrirá la puerta para que el Gobierno de Veracruz asuma la administración y operación del complejo.
La gobernadora Rocío Nahle informó que la resolución se alcanzó con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó agotar las vías de diálogo para impedir la desaparición de la factoría, considerada el motor económico de la región de Los Tuxtlas y de la Cuenca del Papaloapan.
La mandataria estatal recordó que el Ingenio San Pedro formó parte del patrimonio federal antes de ser subastado al sector privado décadas atrás, argumento que facilitó el esquema de devolución planteado por los propios empresarios ante la inviabilidad financiera que reportaron.
“El ingenio tiene un origen público […] entonces el empresario dijo: ‘Bueno, como es de origen público, yo ya no lo quiero trabajar, voy a regresarlo a su origen’. Si lo va a regresar, lo agarra la Federación y la Federación se lo va a dar al estado; nosotros nos hacemos cargo mientras se resuelve”, apuntó.
La titular del Ejecutivo estatal reconoció que la planta requiere una inversión urgente y profunda en materia de mantenimiento y rehabilitación de maquinaria, trabajos que su administración supervisará de manera directa para reactivar la producción cañera a la brevedad.
Alivio para el sector cañero y laboral
La crisis inició el pasado 5 de agosto, cuando Grupo Porres anunció de forma imprevista el cese de operaciones del Ingenio San Pedro. La noticia desató incertidumbre en una cadena productiva integrada por más de mil obreros de base y de confianza, así como alrededor de siete mil productores, cortadores de caña y transportistas distribuidos entre los municipios de Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada y Saltabarranca.
⇒ Durante más de tres semanas, los trabajadores mantuvieron un plantón permanente a las afueras de la fábrica para evitar su desmantelamiento, subsistiendo mediante el acopio de víveres y el respaldo de la comunidad.
Con el inicio formal de los trámites jurídicos para transferir la propiedad al Estado mexicano, se busca asegurar la continuidad operativa de la factoría y el cumplimiento de las obligaciones patronales pendientes con empleados, proveedores y productores de la zona.
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