OAXACA DE JUÁREZ.— A pocos días de que inicien las festividades oficiales de la Guelaguetza 2026, más de un centenar de personas, activistas y defensores comunitarios realizaron una marcha-calenda para protestar en contra de la gentrificación y la turistificación desmedida que aqueja a la capital de Oaxaca.
⇒ La movilización, convocada por el Colectivo Miscelánea Oaxaca y el Nodo Oaxaqueño Contra la Gentrificación, partió de la calle Flores Magón y avanzó por vialidades céntricas hasta concluir con una barricada cultural en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán.
Bajo la consigna “Oaxaca es nuestra, por el derecho a la ciudad“, los inconformes manifestaron que el desarrollo inmobiliario y comercial actual los ha obligado a “sobrevivir” debido a los costos desproporcionados en alimentos y alquileres. Aclararon que el movimiento no está en contra de la actividad turística en sí misma, sino de la falta de regulación que ha terminado por desplazar a quienes nacieron y crecieron en la localidad.
Desplazamiento y crisis inmobiliaria
Durante la movilización, los organizadores presentaron el informe titulado Oaxaca Ocupada, el cual expone con datos estadísticos la pérdida de espacios habitacionales para los locales. La periodista Paola Flores, quien encabezó una parte del contingente, expuso que en el polígono del Centro Histórico, el 13 por ciento de los residentes históricos fue desplazado entre los años 2010 y 2020. Actualmente, la población extranjera compone la mayoría de los habitantes de esta zona.
De acuerdo con las organizaciones, este fenómeno se agudizó por un incremento del 650 por ciento en la oferta de la plataforma Airbnb en el transcurso de una década, donde más de la mitad de los alojamientos de corta estancia corresponden a casas completas.
“Hoy comprar una vivienda en el Centro Histórico cuesta en promedio siete millones de pesos: más de 83 años del salario promedio del estado”, denunciaron los manifestantes, catalogando el acceso a un hogar como una meta casi imposible para la clase trabajadora.
Escasez de agua y privatización cultural
La protesta también visibilizó la crisis hídrica que afecta a las familias oaxaqueñas. Los colectivos denunciaron que el suministro de agua potable a través de la red pública tarda entre 60 y 90 días en llegar a las tuberías de los hogares locales, obligándolos a comprar pipas particulares que superan los mil pesos, mientras se garantiza el abasto a los establecimientos turísticos donde el consumo de los visitantes llega a ser hasta cuatro veces mayor.
Finalmente, los manifestantes acusaron a los gobiernos morenistas del estado y del municipio de actuar con “entreguismo” y beneficiar a grandes desarrolladoras inmobiliarias. Criticaron que las expresiones de la cultura local —como los textiles, el maíz y la propia Guelaguetza— estén siendo absorbidas por el mercado para ser comercializadas como adornos o productos de vitrina desprovistos de su sentido comunitario original.
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