VERACRUZ.— La exjueza Angélica Sánchez Hernández anunció que iniciará procedimientos legales por la vía administrativa para exigir una indemnización al Gobierno de Veracruz, tras ser absuelta de manera definitiva de la serie de delitos que la Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó entre los años 2023 y 2025.
La exjuzgadora, quien fue encarcelada durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, precisó que junto a su equipo legal prepara la reclamación formal por los perjuicios laborales, patrimoniales y personales derivados de lo que calificó como una persecución judicial.
Fundamento legal y deslinde de responsabilidades
La resolución de no vinculación a proceso en favor de Sánchez Hernández fue dictada por un juez de control en acatamiento a un amparo federal, posteriormente ratificado por un tribunal colegiado. La exjueza explicó que la solicitud de resarcimiento se fundamentará en un criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 21 de enero.
⇒ A través de esta vía, buscará la retribución por la interrupción de su carrera judicial, las afectaciones a su jubilación, los gastos generados en su defensa técnica y el daño moral ocasionado.
Aunque señaló de manera directa al exmandatario Cuitláhuac García y a la exfiscal Verónica Hernández Giadáns como los responsables políticos de su detención en 2023, reconoció que los recursos para la compensación provendrán del erario estatal. Conforme al precedente de la SCJN (amparo directo 21/2024), la defensa deberá acreditar que el Ministerio Público actuó de forma irregular durante la integración de las carpetas de investigación.
Origen del conflicto y sanciones administrativas vigentes
El litigio en contra de la exjuzgadora se originó cuando ordenó la libertad de Itiel “N”, alias “Compa Playa” —quien fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025—, bajo el argumento de estar dando cumplimiento a un mandato de la justicia federal, acto que la fiscalía estatal catalogó como delito.
Pese a haber sido exonerada en el ámbito penal, Sánchez Hernández enfrenta inhabilitaciones administrativas impuestas por órganos de disciplina judicial y el Consejo de la Judicatura local, vigentes en sus distintas resoluciones hasta marzo de 2029.
Asimismo, la exjueza criticó la falta de autonomía dentro del Poder Judicial de Veracruz, señalando la existencia de presiones sistemáticas e incertidumbre laboral para las y los juzgadores, razón por la cual dará prioridad al proceso indemnizatorio por encima de un eventual retorno a la función jurisdiccional.
Te recomendamos:
Alcalde de Ixhuatlán niega vínculo con el homicidio de Roxana Guzmán
dsc