OAXACA DE JUÁREZ.— Con el lema “Justicia que dialoga para la paz”, Oaxaca se convirtió en el epicentro nacional de la procuración de justicia al albergar la Quinta Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia penal.
⇒ El encuentro reunió a titulares y representantes de las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas, consolidando un espacio de análisis y colaboración interinstitucional para priorizar el entendimiento mutuo sobre los procesos judiciales tradicionales.
El diálogo como pilar de la justicia moderna
La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz; la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, y el fiscal general del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien fungió como anfitrión del evento.
Durante su intervención, Godoy Ramos subrayó que los mecanismos alternativos no son una opción complementaria, sino el presente y el futuro del acceso a la justicia. Estos procedimientos permiten atender controversias de índole penal mediante la conciliación, la mediación y la construcción de acuerdos reparatorios, siempre bajo la participación voluntaria de los involucrados y el marco legal vigente.
La fiscal general de la República, @ErnestinaGodoy_, y el gobernador de Oaxaca, @salomonj, ponen en marcha los trabajos de la 5ª Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que se realiza en el Centro Cultural y de Convenciones del estado de Oaxaca.
— FGR México (@FGRMexico) November 5, 2026
Estrategias nacionales y coordinación de seguridad
Además de las fiscalías estatales, las mesas de trabajo contaron con la participación de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Los ejes centrales de la sesión incluyeron la revisión de procedimientos, el fortalecimiento de juntas restaurativas, la capacitación constante de personas facilitadoras y la integración de herramientas tecnológicas para mejorar la atención ciudadana. Asimismo, ser sede en Oaxaca permitió poner sobre la mesa la importancia de considerar la diversidad cultural, lingüística y los métodos tradicionales de resolución de conflictos de las comunidades indígenas en el diseño de las políticas públicas de justicia.
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