OAXACA DE JUÁREZ.— Pobladores de San Juan Mazatlán Mixe retuvieron a dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno estatal en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, como medida de presión ante el incumplimiento de una mesa de diálogo previamente acordada con autoridades estatales.
De acuerdo con los inconformes, originarios de la comunidad de Lomas de Santa Cruz, existía el compromiso de llevar a cabo una reunión de trabajo a las 13:00 horas del martes 21 de abril para atender diversas demandas sociales; sin embargo, acusaron que dicha mesa no se concretó, lo que generó molestia.
Los manifestantes señalaron que habían recibido evasivas y falta de seriedad por parte de los funcionarios, situación que derivó en la decisión de retenerlos hasta que existiera una respuesta clara y se instalara formalmente el diálogo. La principal exigencia es que se atiendan sus demandas y se les garanticen condiciones de seguridad y el retorno de las personas desplazadas.
⇒ Los trabajadores de la Secretaría de Gobierno estatal permanecieron en el lugar bajo resguardo de la propia comunidad, en tanto se definía una salida al conflicto.
Advirtieron que no liberarían a los retenidos mientras no se cumpliera el compromiso establecido, al considerar que esta medida era la única forma de garantizar que sus demandas fueran escuchadas y atendidas por las autoridades correspondientes. Finalmente, los funcionarios fueron liberados.
Tras estos hechos, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, se reunió con personas desplazadas de San Juan Mazatlán Mixe, logrando la firma de una minuta de acuerdos que establece un plazo de 60 días para su retorno a sus comunidades de origen.
⇒ Los habitantes de San Juan Mazatlán Mixe denuncian que continúa la violencia por parte del municipio zapoteco de Santo Domingo Petapa, y aseguraron que, desde hace tres años, carecen de maestros, energía eléctrica y atención médicos en sus localidades.
El conflicto entre ambas comunidades ha dejado, en los últimos tres años, un saldo de tres comuneros asesinados. La disputa se centra en la posesión de aproximadamente 26 mil hectáreas de bosque de pino y cedro, un territorio de alto valor ambiental y económico que San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa reclaman desde hace más de cinco décadas sin que exista una resolución definitiva.
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