BOCA DEL RÍO.— Ante el incremento de accidentes, conductas de alto riesgo y bloqueos viales registrados en los últimos meses, el Ayuntamiento de Boca del Río aprobó por mayoría, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, un nuevo acuerdo para regular, restringir y prohibir las rodadas, caravanas y concentraciones masivas de motociclistas que alteren el orden público en el municipio.
⇒ La medida, impulsada por la alcaldesa panista Maryjose Gamboa Torales, busca salvaguardar la seguridad de las familias, proteger el comercio local y garantizar la libre circulación de los servicios de emergencia en vialidades clave como los bulevares Manuel Ávila Camacho, Vicente Fox y Adolfo Ruiz Cortines.
Nuevas reglas y requisitos para caravanas
Durante la sesión, la propuesta recibió el respaldo de la mayoría de los ediles, a excepción de tres regidores de Morena que optaron por la abstención. La normativa establece que el uso particular de la motocicleta no está criminalizado ni se coartan las libertades ciudadanas; sin embargo, se impondrá un estricto régimen de control para las concentraciones masivas:
• Autorización previa: Los organizadores deberán presentar un aviso y solicitud por escrito ante la Dirección de Tránsito Municipal con al menos 48 horas de anticipación.
• Evaluación de viabilidad: La recepción del trámite no garantiza el permiso, ya que cada caso será analizado para evitar afectaciones a la movilidad o poner en riesgo la paz pública.
• Sanciones directas: Se actuará con rigor contra quienes conduzcan de manera temeraria, agredan a los cuerpos de seguridad, dañen comercios o vehículos, o rebasen los límites de decibeles permitidos en sus escapes.
Un freno al desorden tras incidentes críticos
El Ayuntamiento de Boca del Río justificó la implementación de estas disposiciones debido a los hechos reportados en febrero, julio y, de manera crítica, durante las noches del 30 y 31 de octubre, donde aglomeraciones de motociclistas rebasaron los límites del orden público y derivaron en conductas delictivas.
Con esta decisión, el Cabildo dota a la Dirección de Tránsito, a la Policía Municipal y a los Jueces Calificadores de un marco jurídico coordinado que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cumple con el test de proporcionalidad al no constituir una prohibición general e indefinida, sino un control administrativo necesario para la convivencia pacífica en esta zona turística de Veracruz.
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