OAXACA DE JUÁREZ.— Con un reconocimiento explícito a su herencia cultural y comunitaria, Oaxaca se posiciona como referente nacional en la solución pacífica de controversias, integrando los métodos tradicionales y ancestrales de los pueblos originarios con las instituciones modernas de procuración de justicia.
El anuncio central se dio en el marco de la inauguración de la 5.ª Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en Materia Penal, denominada “Justicia que dialoga para la paz”, un evento que reunió en territorio oaxaqueño a representantes de fiscalías de todo el país y contó con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.
La paz desde abajo: tradición y diálogo institucional
Durante el encuentro, las autoridades estatales destacaron que los mecanismos de conciliación, mediación y juntas restaurativas no son ajenos a la realidad oaxaqueña, sino principios rectores que las comunidades indígenas han practicado de manera histórica durante generaciones para mantener la cohesión social y dirimir diferencias.
En este sentido, se subrayó la relevancia de consolidar un marco normativo que respete y eleve a rango constitucional los sistemas normativos internos, proyectando la creación de una constitución de carácter intercultural que garantice plenamente los derechos y formas de organización de las comunidades originarias.
Hacia un sistema nacional más sensible y eficaz
Por su parte, la representación federal reconoció los avances logrados en Oaxaca en materia de justicia restaurativa, enfatizando que la procuración de justicia en el México actual demanda instituciones con mayor sensibilidad ante la pluralidad cultural y la complejidad de los conflictos sociales.
Durante las jornadas de trabajo —con una duración de dos días—, especialistas de distintas regiones del país intercambiaron experiencias orientadas a fortalecer la capacitación de facilitadores, optimizar la coordinación interinstitucional y ampliar el acceso de la ciudadanía a vías de resolución donde el entendimiento mutuo y el acuerdo eviten la judicialización excesiva de los conflictos.