Texistepec, Veracruz.- El pasado sábado 3 de mayo, la antigua minera de Texistepec fue testigo de un enfrentamiento violento entre campesinos y empresarios que ingresaron a la zona.
Los hechos ocurrieron tras la irrupción de autobuses y coches con un grupo de personas armadas a la zona minera, la madrugada del sábado, presuntamente dirigido por el empresario Levis Craig Culberston, quien ya ha tenido conflictos anteriormente con la ac.
Ante esto, miembros de Unidos por Texistepec, salieron a defender la zona, desembocando en un enfrentamiento que dejó un saldo de una persona fallecida, seis heridos y ocho detenidos.
Al territorio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional para contener la situación.
Hasta el momento se reporta el falleció de un hombre de 60 años, Francisco Carvajal Ortiz, tras haber recibido una herida de bala en el abdomen.
Asimismo, en el acto fueron retenidas por pobladores más de 120 personas quienes venían en cuatro autobuses provenientes de Coatzacoalcos, Jáltipan y Sayula de Alemán.
De acuerdo con testimonios de las personas que abordaban la unidad, fueron llevados bajo engaños a la exminera, argumentando que se dirigirían a un mitin de campaña, hecho que nunca sucedió.
Igualmente, un chofer señaló que se dirigía a un evento a Texistepec con los pasajeros, sin embargo, habían sido interceptados por hombres armados que los obligaron a dirigirse a la zona en disputa.
Aunque todos los pasajeros fueron liberados posteriormente, los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.
Entre los implicados en este conflicto, se encuentra el abogado Martín Ortega, abogado, señalado como quien dirigió esta irrupción. Ortega declaró que fue contratado por Francisco Azamar, ex integrante de Unidos por Texistepec.
Ante los hechos, Domingo Flores Álvarez, dirigente de Campesinos Unidos por Texistepec, solicitó a la gobernadora del estado de Veracruz, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, el reforzamiento urgentemente de seguridad en la región.
Denunció que tanto él, como su familia y miembros de la A.C. han recibido amenazas de muerte, anteriormente y no se han atendido las demandas “Esto ya no es un tema político ni social, es de seguridad y justicia”, afirmó.
Hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, por lo que las exigencias de justicia y protección a los líderes sociales siguen latentes.
