En febrero de este año, tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) fueron asesinados en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca.
Esta organización mantiene como ejes centrales la defensa del territorio y las culturas de los pueblos originarios, así como la lucha por sus derechos. Además han mostrado resistencia contra los megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos con movilizaciones que exponen los daños ambientales.
Los ataques y amenazas contra esta organización han estado presentes desde hace años. En el 2021, el presidente de la Ucizoni, Dagoberto Toribio Severo, denunciaba como sus compañeros representantes, opositores a los trabajos para la rehabilitación de las vías del tren transístmico, estaban siendo acosados
Además, uno de los coordinadores de la resistencia había sido amenazado de muerte en plena carretera. A esto llegaron el 12 de octubre de 2021 las protestas de los manifestantes contra los megaproyectos, pero estos continuaron.
En abril del 2024, las comunidades agrarias de la Unión Hidalgo y de Chicapa de Castro, en Oaxaca, también denunciaron los daños ambientales y territoriales ocasionados por la rehabilitación de la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) por parte de la Secretaría de Marina.
El activista Carlos Manza aseguraba que esta construcción afectaba tierras de uso común por los residuos de metales y aceites que quedaban y que además, las comunidades indígenas no habían sido consultadas.
Por otra parte, el representante de las comunidades de la Unión Hidalgo, Óscar Marín, declaró que la Semar no había presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción y rehabilitación de obras para el CIIT, siendo un documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y permitir la construcción de obras.
“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una Manifestación de Impacto Ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, declaró Marín.
A ello, siguió la represión de grupos activistas, así como el perseguimiento y las amenazas ante los que se resistían a las construcciones del istmo por defender su tierra, quienes contaban con el respaldo de asociaciones como Greenpeace y el EZLN.
A pesar de las afectaciones medioambientales, denunciadas desde años pasados a las autoridades, los megaproyectos han seguido avanzando y algunos están por concluir sin que se de una solución clara a las denuncias de los activistas.
