VERACRUZ.— El exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien está próximo a cumplir cuatro años en prisión, fue imputado por tres nuevos delitos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias; por lo que permanecerá en el penal de Pacho Viejo.
Por esta nueva imputación, un juez de control determinó imponer un año de prisión preventiva justificada; por lo que el exfuncionario continuará recluido en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, mientras avanza el proceso penal en su contra.
⇒ La audiencia inicial se reanudará el próximo 23 de marzo, cuando el juez determine si el exfiscal es vinculado o no a proceso por estos nuevos delitos.
Winckler Ortiz fue designado titular de la Fiscalía General de Veracruz durante el gobierno del exmandatario Miguel Ángel Yunes Linares. Permaneció en el cargo desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2019, cuando fue separado definitivamente del puesto por el Congreso estatal.
Jorge Winckler fue detenido el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de permanecer prófugo cerca de tres años. En ese momento fue vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
⇒ El caso por el que fue procesado inicialmente está relacionado con hechos en agravio del exjefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras.
En la nueva imputación se señala que Jorge Winckler ejerció el cargo de fiscal sin haber acreditado el examen de control y confianza ante un centro federal avalado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, requisito obligatorio para altos mandos de la institución.
⇒ Por esta omisión, el Congreso de Veracruz determinó su separación definitiva del cargo el 3 de septiembre de 2019, fecha en la que, además, dejó de presentarse ante las autoridades y se sustrajo de la acción de la justicia.
Según los datos expuestos por la Fiscalía en la audiencia, el 24 de agosto de 2019 Jorge Winckler habría ordenado a personal de la institución que lo evaluara a él y al entonces fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, y posteriormente se habrían emitido documentos para acreditar la evaluación realizada.
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