VERACRUZ.— Con solo 45 días en el cargo, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, compareció ante diputadas y diputados locales para dar cuenta de las acciones que se realizaron a lo largo de 2025, año en el que estuvo a cargo Verónica Hernández Giadáns, quien renunció al cargo el 8 de diciembre.
En su mensaje ante los legisladores locales, la funcionaria estatal aseveró que se da atención a victimas de violencia de género, búsqueda de personas, desaparición forzada, justicia para adolescentes, mediación penal y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Precisó que al interior de dicho organismo se implementaron acciones de actualización, capacitación y certificación en derechos humanos, así como de investigación policial, criminalística, medicina y genética forense, cadena de custodia, litigación, técnicas de interrogatorio, uso de la fuerza e inteligencia policial.
La funcionaria estatal reveló que durante el último año cumplimentaron 264 órdenes de aprehensión en contra de personas señaladas de diversos delitos; y a la par 489 vinculaciones a proceso y 225 sentencias condenatorias. Resaltó que se brindó apoyo a más de tres mil 200 personas en investigaciones relacionadas con secuestro.
🔍⚖️ La Fiscalía General del Estado rinde cuentas.
Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, la fiscal Lisbeth Jiménez destacó avances en modernización, combate al secuestro, atención a víctimas y capacitación de más de 14 mil servidores públicos.
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En materia de derechos fundamentales, contrario a la anterior administración, la fiscal expuso que se atendieron y aceptaron diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo local, “porque son un área de oportunidad para mejorar la institución”.
Indicó que se acreditaron deficiencias en la investigación por desaparición de personas y en un caso de tortura, lo que permite a los funcionarios ver dónde están las fallas y cómo se puede mejorar la integración de las carpetas de investigación. “Y buscar que estos servidores públicos que incurrieron en estas fallas tengan consecuencias jurídicas, porque por sus acciones entorpecieron la justicia”.
Lisbeth Jiménez Aguirre también comentó que ya se investiga a exfuncionarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, exjueces, jueces, abogados y notarios públicos que pueden estar involucrados en una red que despoja a las familias de su propiedad en Xalapa y otros municipios de Veracruz.
Voluntad institucional para transformar la procuración de justicia en Veracruz: Fiscal General comparece ante el Congreso del Estado. https://t.co/J1XtmoMtQF pic.twitter.com/uOaIDUMDZV
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Destacó que el delito de terrorismo ya no forma parte del juicio contra el periodista Rafael León Segovia, detenido el pasado 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos. La fiscal dijo que, al momento de la audiencia inicial, un juez de control determinó los delitos por los que fue vinculado a proceso el comunicador: encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
Además, la abogada de los veracruzanos aclaró que la Fiscalía estatal no es un ente persecutor, y que bajo su administración no se abren carpetas de investigación por consigna contra ciudadanos, políticos o periodistas. “No podemos hablar de una persecución sistemática, por el contrario, esta Fiscalía respeta el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores“, dijo.
Sobre el asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, cometido el pasado 8 de enero, Jiménez Aguirre enfatizó que no puede revelar cuáles son las líneas de investigación debido a la secrecía de la investigación. No obstante, refirió que se iniciaron dos carpetas de investigación: en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas y en la Fiscalía regional de Tuxpan.
“Estamos siendo exhaustivos en las investigaciones y no porque se trate de un periodista, sino porque se trata de una víctima”, expuso la fiscal de Veracruz. Además, mencionó la revisión de llamadas y líneas telefónicas como parte de actos de investigación sobre el crimen.
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