Los 17 mil trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) exigieron a José Luis Sánchez Cuazitl, nuevo director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), cancelar de inmediato el registro de Alejandro Martínez Araiza como secretario general y convocar a nuevas elecciones, facultad que la Ley Federal del Trabajo (LFT) concede a la autoridad cuando se vulnera el marco de derecho.
La demanda se sustenta en un señalamiento central: durante su gestión, Martínez Araiza habría desviado 600 millones de pesos del patrimonio sindical, sin rendir cuentas a la autoridad ni a las bases. De manera tajante, los agremiados pidieron al nuevo titular obligar al dirigente a informar sobre el uso y monto de esos recursos, obligación que, acusan, incumple desde 2019, cuando tomó posesión del cargo. Esa omisión vulnera directamente el Artículo 373 de la LFT, que manda a las directivas presentar por escrito un informe detallado del manejo del patrimonio cada seis meses.
Los trabajadores respaldaron la postura de Sánchez Cuazitl a favor de dotar al CFCRL de mayores facultades para sancionar los actos que atentan contra la libertad sindical, como los documentados en el SNAC. En esa agrupación, Martínez Araiza se reeligió en 2025 para permanecer hasta 2030 mediante un proceso que acumula 11 causales de nulidad por violaciones a leyes nacionales e internacionales, impugnado ante el propio Centro en el expediente 10/02788.
Entre las anomalías de esos comicios, los inconformes enumeran la presentación de una planilla única encabezada por el propio Araiza, la alteración del padrón de votantes, la no presentación de un informe de finanzas y la ausencia de autoridades laborales, irregularidades que —sostienen— transgreden los convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical y negociación colectiva.
Los agremiados fueron enfáticos en que el nuevo funcionario, designado el pasado 10 de noviembre por el Senado, debe mantenerse al margen de la influencia de Alfredo Domínguez Marrufo y de Héctor Josué Arcos Balderas, director general saliente y provisional del CFCRL, respectivamente, a quienes responsabilizan de no haber frenado las irregularidades de la dirigencia. Pese a que en un oficio del 19 de mayo de 2025 Domínguez Marrufo reconoció la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional del SNAC y lo exhortó a transparentar el patrimonio gremial, Martínez Araiza habría respondido que no acataría la medida para “no llamar la atención de algún cártel criminal”, argumento que los trabajadores califican de pretexto para encubrir el desvío.
El perfil del nuevo titular alimenta las expectativas de los inconformes. Sánchez Cuazitl se desempeñaba como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e integra el equipo cercano a su titular, Marath Bolaños. Es un abogado especializado en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia laboral y conocedor de los procesos de democracia gremial, por lo que —subrayan— cuenta con los elementos técnicos para constatar que la reelección se consumó al margen de la ley.
No obstante, los trabajadores advierten sobre la cercanía institucional del nuevo director con Domínguez Marrufo, con quien coincidió en la implementación del modelo de justicia laboral, y recuerdan que en el conflicto de Notimex Sánchez Cuazitl representó a la parte oficial, mientras el abogado Arturo Alcalde —vinculado a Domínguez Marrufo— asesoró a los trabajadores en la liquidación de la agencia, el 3 de octubre de 2023.
Sánchez Cuazitl fue electo con 112 de los 115 votos del Senado, de una terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum e integrada también por David Alejandro Jiménez Padilla y Tey Wendolyne Retana Alarcón. Para los 17 mil agremiados, su arribo representa la oportunidad de que el CFCRL aplique la ley sin concesiones: cancelar un registro que consideran espurio, auditar el destino de los 600 millones de pesos y restituir la democracia sindical, en un contexto donde la opacidad del SNAC se ha vuelto un pasivo para las empresas del sector ante la revisión del T-MEC.
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