VERACRUZ.— El Ayuntamiento de Veracruz presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la empresa Grupo MAS, por la posible comisión de delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa, tras detectarse graves irregularidades financieras y afectaciones a la ciudadanía.
Durante el anuncio, la presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo reafirmó la postura de su administración al señalar que no se permitirán afectaciones al patrimonio de los veracruzanos ni abusos en el servicio de agua potable, asegurando que llegarán hasta las últimas consecuencias legales contra quienes resulten responsables.
Millonarios pagos a empresas vinculadas y altos sueldos
De acuerdo con la denuncia interpuesta a través de la Dirección de Asuntos Legales, se solicitó a la Fiscalía estatal indagar una serie de operaciones financieras dudosas realizadas durante los años 2024 y 2025. Entre los hallazgos destacan:
• Pagos por 176.7 millones de pesos destinados a servicios prestados por empresas vinculadas a la española ACCIONA.
• Sueldos anuales de hasta 5.8 millones de pesos percibidos por los directivos de la concesionaria.
Ante estas cifras, el Gobierno municipal de Veracruz exigió peritajes contables y financieros, la revisión exhaustiva de contratos e información fiscal, y la integración de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para fincar responsabilidades.
Intento de cobro millonario a miles de familias
La investigación también destapó que Grupo MAS pretendía cobrar una cartera vencida por 2 mil 660 millones de pesos a más de 82 mil familias veracruzanas. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada tajantemente por el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) debido a múltiples inconsistencias y a la falta de elementos legales para exigir dichos adeudos.
Del total pretendido, más de 656 millones de pesos correspondían a “consumos no facturados”, además de detectarse cuentas con problemas críticos de antigüedad, prescripción y recargos excesivos. Por ello, se solicitó esclarecer cómo se integraron estas cantidades, quiénes las autorizaron y con qué sustento legal intentaron realizar el cobro a los usuarios.
El Ayuntamiento reiteró que se mantendrá firme en la defensa de los derechos de las personas usuarias y en la protección de los recursos públicos del municipio.
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