OAXACA DE JUÁREZ.— Con el objetivo de frenar ilícitos ecológicos y proteger los ecosistemas bajo mayor presión en el sureste del país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) capacitó y acreditó formalmente a 36 integrantes de tres Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) en el estado de Oaxaca.
⇒ La jornada formativa se centró en instruir a representantes comunitarios de los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Laollaga, así como al grupo Tecnología Urbana y Ambiental.
Al término del taller, las autoridades federales entregaron credenciales oficiales con vigencia de un año, las cuales avalan a estas personas voluntarias como enlaces directos para la detección, prevención y denuncia oportuna de infracciones a la normatividad ambiental federal.
Los CVAP representan un modelo de corresponsabilidad ciudadana diseñado para ampliar el alcance de inspección en zonas rurales, serranas o costeras donde los recursos forestales, la fauna y los cuerpos de agua enfrentan amenazas constantes por actividades ilegales.
Durante el programa de capacitación, los asistentes revisaron las atribuciones de la dependencia, los lineamientos formales de operación y el marco legal vigente. La normativa precisa que las y los vigilantes actúan como observadores del territorio y aliados estratégicos de las autoridades ambientales, aportando reportes e indicios para que las instituciones procedan administrativamente o por la vía penal, sin que esto implique sustituir ni ejercer facultades policiales o de autoridad directa.
Patrullajes conjuntos en terrenos forestales
Como primera acción operativa tras la instrucción teórica, integrantes del comité recién acreditado en San Pedro Huamelula realizaron recorridos de supervisión preventiva en zonas de bosque y selva de la demarcación. Las faenas de inspección terrestre se llevaron a cabo en coordinación con inspectores de la Profepa y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el propósito de ubicar desmontes irregulares, cacería furtiva, tala clandestina o invasión de polígonos bajo protección.
La dependencia federal subrayó que este tipo de esquemas participativos fortalece el arraigo territorial, la inclusión social y la respuesta temprana ante emergencias o daños a la biodiversidad, por lo que mantendrá activos los talleres y convenios de colaboración con núcleos agrarios y comunidades oaxaqueñas para blindar su patrimonio natural.
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