OAXACA DE JUÁREZ.— Con el señalamiento de un “compromiso simulado” y acusaciones directas por abandono a las familias de las víctimas, integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca denunciaron al gobernador Salomón Jara Cruz por desatender la crisis de desapariciones en el estado, luego de que cancelara con apenas una hora y media de anticipación una sesión oficial convocada desde hace seis meses.
El encuentro suspendido correspondía a la segunda sesión ordinaria del órgano de gobierno que encabeza el propio mandatario estatal. Pese a que el calendario establece cuatro reuniones al año —programadas cada tres meses—, los consejeros fueron notificados a última hora mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos sobre la cancelación, sin que se fijara una fecha para su reprogramación.
Frente a la mampara con fichas de búsqueda instalada en el zócalo de la capital, a escasos metros del Palacio de Gobierno, el Consejo Ciudadano de Búsqueda ofreció una conferencia de prensa en la que advirtió sobre la magnitud del problema en la entidad. Ahí, María Isabel Cruz Bernal, consejera, vocal del órgano y activista, dio lectura a un pronunciamiento conjunto donde se expuso la gravedad de las cifras oficiales:
“Los consejeros ciudadanos que integran esta comisión externan su profunda preocupación por la desatención del gobernador a la desaparición en Oaxaca. Y exigimos un compromiso real y no simulado con las víctimas indirectas”, demandó la representante.
Los voceros precisaron que, de acuerdo con datos compartidos por la propia administración estatal, en lo que va de 2026 se han reportado más de 500 personas desaparecidas en Oaxaca, lo que evidencia la urgencia de activar respuestas operativas inmediatas en lugar de postergar los canales de diálogo.
Durante el pronunciamiento, los activistas señalaron que la estructura gubernamental responsable de las indagatorias y el acompañamiento está fallándole a las familias. Entre las dependencias señaladas se encuentran la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV).
De acuerdo con el consejo, el principal obstáculo radica en la absoluta falta de coordinación interinstitucional, un vicio administrativo que entorpece las labores de localización en campo e incluso provoca vacíos donde ninguna corporación asume la responsabilidad operativa inicial.
Como ejemplo de esta inacción, expusieron el caso reciente de una persona que acumula cuatro meses en calidad de no localizada sin que se hayan desplegado brigadas de búsqueda, ya que las autoridades continúan entrampadas en trámites burocráticos y papeleo, vulnerando el protocolo homologado que exige una reacción y rastreo inmediato durante las primeras horas de una desaparición.
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