XALAPA.— Con una amplia mayoría de 37 votos a favor y 8 en contra, el Pleno de la 67 Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que exige la nacionalidad mexicana única para aspirar y ejercer la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación, impulsada desde el Ejecutivo federal y respaldada previamente por el Senado de la República, interviene de manera directa los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna. Con esta votación registrada durante la Quinta Sesión Ordinaria, Veracruz se convirtió en una de las legislaturas locales que han dado luz verde al proyecto, sumándose a estados como Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán.
⇒ El decreto aprobado establece que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos del país deberán ser mexicanos por nacimiento en pleno goce de sus derechos, o bien hijos de padre o madre connacionales. No obstante, el punto nodal de la enmienda es la prohibición expresa de poseer o adquirir una segunda nacionalidad.
Aquellas personas que cuenten con un estatus binacional o extranjero estarán obligadas a renunciar formalmente a dicha ciudadanía antes de solicitar su registro como candidatas ante las autoridades electorales. De acuerdo con el espíritu de la iniciativa, el objetivo central es blindar las decisiones de Estado bajo un vínculo político exclusivo, privilegiando la soberanía y los intereses nacionales frente a eventuales conflictos de lealtad internacional.
La discusión en el recinto legislativo veracruzano desató posturas contrastantes entre las distintas bancadas:
• Morena y aliados (defensa de la soberanía): El legislador morenista Paul Martínez Marie sostuvo que la soberanía nacional «no se comparte ni se condiciona a intereses extranjeros», argumentando que la conducción del país requiere un sentido de pertenencia sin fisuras. En sintonía, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM) señaló que quien lidere el gobierno debe responder únicamente a las instituciones mexicanas, sobre todo en escenarios de seguridad o manejo de bienes públicos estratégicos.
• Oposición (reclamos por exclusión y prioridades): Por el PAN, Indira de Jesús Rosales San Román criticó la relevancia de la medida frente a necesidades más apremiantes como la salud y el abasto de medicinas. En tanto, Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) calificó la reforma como un «estado de excepción» sin sustento fáctico, al considerar que la doble nacionalidad no representa un riesgo probado para el país.
Desde el bloque opositor, legisladores del PRI y del PAN —entre ellos Ana Rosa Valdés Salazar, Montserrat Ortega Ruiz y Héctor Yunes Landa— acusaron que la minuta vulnera convenios internacionales, afecta los derechos políticos de la comunidad migrante y restringe el derecho a ser votado, argumentando que una condición legal obtenida al nacer no determina la lealtad ni el patriotismo de una persona hacia México.
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Dsc