CIUDAD DE MÉXICO.— La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), presentó un punto de acuerdo en el Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral, exhaustiva y urgente a las transferencias del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) otorgadas al Gobierno de Salomón Jara desde 2023, recursos que superan los 123 mil 700 millones de pesos.
La legisladora federal solicitó al órgano fiscalizador que no se limite a aplicar sanciones administrativas, sino que interponga las denuncias penales correspondientes contra los servidores públicos involucrados en el presunto desvío de partidas federales mediante la contratación y pago a «aviadores» en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
En conferencia de prensa, Cruz Jiménez explicó que la fiscalización es apremiante luego de las revelaciones sobre exfuncionarios e integrantes del cabildo de Juchitán de Zaragoza que presuntamente cobraban sueldos como trabajadores administrativos del IEEPO sin ejercer función docente o escolar alguna.
💸 👉 La diputada federal, Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), presentó una propuesta para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una “auditoría integral, exhaustiva y urgente” a las transferencias federales que ha recibido el gobierno de Salomón Jara mediante el… pic.twitter.com/IIduemibyE
— La Jornada (@lajornadaonline) September 28, 2026
Estas anomalías salieron a la luz tras la captura del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano —recluido en el penal federal de El Altiplano bajo cargos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado—, así como la posterior renuncia del director general del IEEPO, Emilio Montero Pérez, identificado como su jefe político directo.
«El FONE fue diseñado exclusivamente para garantizar el pago de servicios de educación básica y normal, asegurando que el salario llegue íntegro a quienes verdaderamente están frente a las aulas», afirmó Cruz Jiménez. La congresista denunció que el uso clientelar y opaco de estos montos viola de forma flagrante la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Durante su pronunciamiento, la diputada del PT remarcó que las pesquisas federales no deben circunscribirse únicamente al rubro magisterial ni detenerse ante afinidades partidistas. «En este tiempo que me queda aquí en la Cámara de Diputados, estaré exhibiendo todos los abusos, las corruptelas y el nepotismo, sea de donde sea, del partido que sea», aseveró.
Cruz Jiménez planteó auditar las finanzas estatales en su totalidad —incluida la revisión a la dirigencia de la Sección 22 y a fondos de salud e infraestructura— tras declarar que desconfía de la Secretaría de Honestidad y Buen Gobierno local por presuntas prácticas de soborno. Asimismo, demandó poner bajo la lupa el gasto de municipios por usos y costumbres, citando el caso de San Juan Mazatlán, donde persisten alrededor de 70 millones de pesos sin comprobar.
Te recomendamos:
dsc