SANTA CRUZ HUATULCO.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia formal de hechos ante las autoridades ministeriales competentes, luego de que una comitiva de inspectores federales fuera bloqueada por un grupo de alrededor de 50 personas cuando intentaba revisar un predio forestal en el Sector H3 de Santa Cruz Huatulco, donde se indagan afectaciones al entorno natural y un posible cambio ilegal de uso de suelo.
La inspección buscaba corroborar una denuncia ciudadana interpuesta a inicios de septiembre de 2026, en la que se alertaba sobre la operación de maquinaria pesada para remover vegetación y desgajar la ladera de un cerro. Dicha queja señalaba como presunto involucrado a un individuo conocido con el alias de “El Huarache”, por lo que la dependencia recabó datos con la agencia municipal local para ubicar el polígono afectado.
Bloqueo con cadenas y negativa al diálogo
Al arribar al terreno señalado —un área de aproximadamente una hectárea—, el personal de la Profepa y elementos de la Guardia Nacional que brindaban acompañamiento de seguridad encontraron el acceso cerrado mediante una cadena de acero. En el sitio se congregaba una multitud que impidió el paso hacia el predio.
Pese a que los funcionarios federales se acreditaron formalmente y exhibieron la orden legal de inspección, ninguno de los presentes aceptó atender la diligencia ni identificarse como dueño, posesionario o responsable del predio. De acuerdo con el reporte oficial, las personas argumentaron pertenecer a un grupo de unas 150 familias que, según su dicho, están involucradas en un proceso de reubicación promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Para preservar la integridad de los agentes de seguridad, del personal inspector y de los propios civiles congregados, las autoridades determinaron no forzar las cadenas ni ingresar por la fuerza, lo que impidió dictaminar físicamente el alcance de los desmontes o confirmar la legalidad del aprovechamiento del suelo.
Procedimiento penal por resistencia y delito ambiental
Ante el desacato a un mandato legítimo de la autoridad federal, el pasado 10 de septiembre, la Profepa presentó la denuncia correspondiente por conductas presuntamente constitutivas de delito. El recurso legal atiende tanto a la resistencia activa de particulares para obstruir las facultades de verificación ambiental como a las presuntas alteraciones forestales en el cerro.
La dependencia reiteró que dará seguimiento puntual al expediente judicial y agotará las vías jurídicas para ingresar al terreno, dimensionar el impacto ecológico y sancionar a los responsables del deterioro ambiental.
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