OAXACA DE JUÁREZ.— El síndico municipal de Santiago Choápam, Jorge Méndez, y el regidor de Hacienda, Avelino Bartolo, fueron vinculados a proceso penal como presuntos responsables del delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, cometido en agravio de la presidenta municipal de dicha demarcación, Dolores Luciano Valadez, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Durante la audiencia de vinculación, el juez de la causa consideró suficientes y contundentes los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Como medida cautelar, el juzgador determinó la suspensión temporal de ambos imputados de los cargos públicos que desempeñaban dentro del ayuntamiento, el cual se rige bajo el Sistema Normativo Indígena.
Retención ilegal y renuncia bajo amenaza
De acuerdo con la carpeta de investigación judicial, los hechos ocurrieron en junio de 2026 durante un encuentro público en las canchas de la agencia municipal de Santo Domingo Latani. En el lugar, frente a pobladores y líderes comunitarios, la presidenta municipal fue desacreditada en el ejercicio de sus facultades de gobierno y posteriormente sometida a intimidaciones y amenazas verbales.
Las indagatorias ministeriales establecieron que la alcaldesa fue retenida contra su voluntad y obligada por la fuerza a firmar un acta mediante la cual pretendían desconocerla como máxima autoridad de la localidad y forzar su renuncia definitiva a la representación popular para la que fue electa.
Protestas y exigencia de liberación en la capital
Méndez y Bartolo fueron aprehendidos el pasado 3 de septiembre. Su detención desató inconformidad entre sectores de la población de la Cuenca del Papaloapan: este lunes, familiares y simpatizantes montaron un bloqueo de dos horas a la altura del parque de béisbol Yu’Va, en los accesos viales a la capital oaxaqueña.
Posteriormente, el contingente marchó hacia el Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la ciudad, para exigir la libertad inmediata de los funcionarios y solicitar una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López. Los manifestantes sostuvieron que las acusaciones de la edil son fabricadas y aseguraron contar con el respaldo comunitario, mientras que la fiscalía estatal ratificó que no tolerará actos que vulneren los derechos político-electorales de las mujeres en la función pública.
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