XALAPA.— En dos votaciones extraordinarias realizadas a puerta cerrada, el pleno del Congreso de Veracruz, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó retirar el fuero constitucional a los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos emanados del partido Movimiento Ciudadano.
⇒ La resolución fue avalada con una mayoría calificada de 40 votos a favor —impulsados por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados— y ocho en contra.
Con esta declaración de procedencia, solicitada por la Fiscalía General de Veracruz, la representación social queda facultada para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes o citar a los ahora exfuncionarios a fin de que enfrenten sus procesos legales como cualquier ciudadano. Las autoridades aclararon que la pérdida del fuero no prejuzga sobre la culpabilidad de los acusados.
A Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, se le señala como presunto autor intelectual del secuestro y feminicidio de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido el pasado 2 de junio en su domicilio; su cuerpo fue localizado semanas después en un predio controlado por el crimen organizado.
⇒ De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía estatal, el motivo del crimen habría sido evitar la difusión de una fotografía en la que el edil aparece sosteniendo un arma de alto poder. Por este caso ya hay ocho personas detenidas.
Por su parte, Bertín Bravo Montero es investigado por la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López Torres, vistos por última vez el 14 de mayo anterior. Los registros ministeriales señalan que las víctimas acudieron a una reunión en el domicilio del alcalde, donde presuntamente también estuvo presente un líder de la delincuencia organizada local.
Durante las jornadas legislativas, el alcalde de Úrsulo Galván acudió al recinto parlamentario para defender su inocencia antes de abandonar la sede sin ser detenido. En contraparte, Raúl González Martínez no se presentó y estuvo representado por su equipo legal, el cual argumentó irregularidades en la investigación y adelantó que recurrirá al juicio de amparo.
Dirigentes locales y nacionales de Movimiento Ciudadano denunciaron los desafueros como parte de una persecución política impulsada por el gobierno estatal y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Tras la resolución, asumirán de manera interina las alcaldías los suplentes Juliana Ruiz Martínez, en Ixhuatlán del Sureste, y Pedro de Jesús Rosado Guzmán, en Úrsulo Galván.
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