OAXACA DE JUÁREZ, OAX.— En un paso decisivo para el combate a la pederastia y el abuso infantil, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó, con 28 votos a favor, una reforma que establece que el embarazo en niñas menores de 14 años será considerado legalmente como una modalidad de violencia sexual en la entidad.
El dictamen adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género para el Estado de Oaxaca. La nueva normativa estipula que quien provoque esta condición en una menor de edad enfrentará una sanción penal de entre 40 y 45 años de prisión, sin derecho a fianza, además de multas que van de los 100 mil a los 200 mil pesos como concepto de reparación del daño.
El consentimiento de las infancias es nulo
La iniciativa fue promovida por la diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y dictaminada por la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género. El argumento central del decreto sostiene que la gestación a una edad tan temprana constituye un indicio indiscutible de agresión sexual.
“Las niñas en este rango etario carecen de la capacidad jurídica y de las condiciones biopsicosociales para emitir un consentimiento válido en materia sexual”, detalla el dictamen legislativo. Bajo este criterio, el embarazo infantil deja de tipificarse únicamente como un problema de salud pública o un hecho aislado, para reconocerse como una manifestación directa de relaciones desiguales de poder, abuso y coerción.
Obligatoriedad jurídica y emergencia estadística
Con la entrada en vigor de esta modificación, el marco legal local mandata que todos los casos de esta naturaleza deberán:
• Investigarse de manera inmediata bajo estrictos protocolos de perspectiva de género y de infancia.
• Garantizar en todo momento el interés superior de la niñez, evitando la revictimización en el acceso a la justicia.
• Activar mecanismos de protección integral para los proyectos de vida de las afectadas, cuyo desarrollo educativo y personal se ve gravemente vulnerado.
La urgencia de la reforma responde a una realidad alarmante en la región. De acuerdo con las estadísticas de natalidad del Inegi, Oaxaca se posicionó como una de las entidades con la tasa más alta de embarazos tempranos en el país, registrando un indicador de 12.8 nacimientos por cada mil mujeres de entre 10 y 17 años, una problemática que la falta de especificidad en la ley anterior impedía perseguir con firmeza institucional.
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