XALAPA.— Con 39 votos a favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM, contra cinco votos en contra y dos abstenciones de la oposición, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Artículo 15 de la Constitución Política local. Dicha modificación eleva drásticamente los requisitos y candados territoriales para que la ciudadanía pueda activar el mecanismo de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo estatal.
⇒ La reforma sobre revocación de mandato, que podría aplicarse para el periodo de la actual gobernadora Rocío Nahle, restringe el margen de acción civil a diferencia de la legislación federal, endureciendo tanto los plazos de recolección de apoyos como la dispersión geográfica obligatoria del respaldo popular.
Plazos recortados y dispersión municipal obligatoria
La nueva legislación mantuvo la necesidad de reunir las firmas de apoyo equivalentes al 10 % de la lista nominal del estado —una cifra estimada entre 600 mil y 750 mil firmas—, superando por mucho el 3 % exigido a nivel federal para la Presidencia. No obstante, las principales trabas aprobadas radican en los plazos y la geografía:
• Reducción de tiempos: El periodo para la recolección de firmas se redujo de dos meses a solo uno (del 1 al 30 de noviembre del año correspondiente).
• Dispersión territorial: Las rúbricas ciudadanas ya no podrán concentrarse en áreas metropolitanas; ahora deberán provenir obligatoriamente de cuando menos la mitad más uno de los ayuntamientos, es decir, de 107 de los 212 municipios veracruzanos.
• Mínimo municipal: En cada uno de esos 107 municipios se requerirá, como base, el respaldo de al menos el 3 % de su respectiva lista nominal.
Una vez concluido el periodo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) contará con un plazo de 30 días naturales para la validación de los apoyos y la posterior emisión de la convocatoria.
Establece Congreso reglas para el procedimiento de Revocación de Mandato
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Mientras el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo defendió el dictamen, argumentando que la participación ciudadana requiere demostrar una “auténtica voluntad colectiva ampliamente respaldada”, los bloques de oposición (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano e independientes) fustigaron la medida calificándola como un bloqueo total a la democracia directa.
Legisladores como Indira Rosales (PAN) y Elena Córdova (MC) coincidieron en que Morena “sobre-reguló” y fijó requisitos prácticamente inalcanzables a conveniencia. Por su parte, el diputado independiente Héctor Yunes Landa afirmó que las modificaciones responden a un cálculo político debido a los bajos niveles de aprobación que, asegura, arrastra la mandataria. “Establecen reglas que hacen que parezca imposible la revocación… entiendo que no quieran ir al matadero“, sentenció.
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