OAXACA DE JUÁREZ.— Un juez federal ordenó la suspensión provisional del megaproyecto de la presa “Mujer Solteca”, obra diseñada para abastecer de agua potable a la capital oaxaqueña y su zona conurbada. La resolución obliga a detener de forma inmediata el desarrollo de los trabajos debido a la falta de autorizaciones ambientales y de cambio de uso de suelo requeridos por la ley.
Representantes del Observatorio Comunitario del Agua (OCCAMA) informaron que la sentencia judicial deriva de un juicio de amparo interpuesto contra el proyecto. La notificación formal fue dirigida a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Oaxaca (Ceabien).
Yésica Sánchez Maya, coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, precisó que la obra avanza sin los mecanismos necesarios de participación ciudadana ni información suficiente sobre su viabilidad hídrica y financiera. Detalló que, aunque la inversión federal inicial anunciada es de 15 mil 944 millones de pesos, la incorporación de costos de operación y mantenimiento elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos para el periodo 2026-2028.
Dicho monto representa el 24.7% del presupuesto total del Plan Nacional Hídrico del Gobierno de México. No obstante, la documentación oficial revela que el avance global de los estudios y permisos ambientales es de apenas el 30 por ciento, manteniendo la Manifestación de Impacto Ambiental en etapa de evaluación, mientras que las correspondientes al acueducto y la planta potabilizadora siguen en elaboración.
Por su parte, Ariel Montes Pérez, integrante de la organización Servicios Comunitarios, señaló que los propios informes oficiales identifican riesgos debido a una disponibilidad hídrica menor a la proyectada en el río Sola, afluente catalogado como deficitario. Subrayó que la suspensión protege el interés público y permite transparentar los recursos, abriendo la posibilidad de reorientar el presupuesto hacia la reparación de fugas, sectorización y rehabilitación de las redes de distribución existentes.
Finalmente, los activistas hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales a dar cumplimiento estricto a la resolución judicial, transparentar los expedientes técnicos y financieros del proyecto, y establecer procesos transparentes de evaluación que respondan a criterios de sostenibilidad y rendición de cuentas.
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dsc